El recién electo presidente de Honduras está invitando a empresas extranjeras a crear un nuevo Estado en el territorio hondureño. El ha prometido inversión en  el rubro minero, privatización y duras medidas contra la delincuencia. Honduras, es uno de los países más pobres de Centro América y ha enfrentado numerosos y fuertes conflictos,  en los últimos años.

A inicios de febrero un grupo de surcoreanos llegó al Departamento de Choluteca en el sur de Honduras. La promesa es que este grupo -que representa el grupo de acero gigante Posco- realizará un estudio para  invertir aproximadamente 26 millones de coronas ( entre 3.5 y 4 millones de USD doláres ) y construirá una ciudad libre del control del sistema judicial y administrativo hondureño – una ”ciudad modelo”.

La construcción de este nuevo “Estado” es controvertida y desde hace años viene encontrando  fuerte resistencia, especialmente de la sociedad civil hondureña  pero  también de la Corte Suprema y varios partidos políticos. Es  hasta ahora justo después que Hernández  tomara posesión de su cargo  el 27 de enero de 2014, que la ídea se ha materializado. Como uno de los más fuertes  impulsores y promotores del proyecto, es quien tan solo unos días después de ser nombrado presidente, le ha dado luz verde a los empresarios surcoreanos.

Fue Juan Orlando quien propuso por primera vez  las ”cuidades modelos” para darles oportunidad a  empresas extranjeras de crear sus propias áreas en donde pueden extraer minerales, energía y otras cosas sin tener que pagar impuestos o compensación alguna para los Estados o para la gente que posee la tierra. “él quiere vender  todo el país y nos hipotecará a nosotros mismos hasta las orejas”  dice  Bertha Cáceres,  dirigente del movimiento indígena COPINH y quien ha sido perseguida por el gobierno, por oponerse a la construcción de un embalse  en el norte de Honduras. Cáceres apunta, pronto seremos como el Canal de Panamá.

Juan Orlando Hernádez es un abogado conocido por su trabajo de años como parlamentario, miembro del conservador Partido Nacional.  En el parlamento, Hernández ha dedicado su tiempo a los asuntos de derecho y seguridad. Cuando Porfirio Lobo fue electo presidente en las cuestionadas elecciones que surgieron en medio del golpe de Estado,  Hernández fue nombrado presidente del Congreso Nacional.

Fue así que en enero de 2011 y  bajo el liderazgo de Hernández en el parlamento hondureño,  una gran mayoría de diputados votó en favor de una enmienda constitucional para crear  áreas con privilegios especiales, de hasta 33 kilómetros cuadrados de territorio hondureño. Entre esos privilegios se encuentran, propio sistema de recaudación de impuestos, propia judicatura y propias fuerzas policiales, lo que implica que dichas áreas quedarán exentas de la aplicación de las leyes hondureñas. La pregunta es pues, si quedará algo de  Honduras en sentido estricto.

El Presidente Lobo defendió la enmienda constitucional argumentando que la creación de esas áreas especiales daría lugar a la creación de miles de empleos. En este contexto, uno de los graves problemas que surgen es que muchos  de los territorios seleccionados para desarrollar esas áreas especiales,  o pertenecen históricamente a las poblaciones indígenas o son el epicentro donde desde la década de los 90´s,  se han vivido sangrientos conflictos y disputas por la tierra,  entre campesinos sin tierra y ricos terratenientes.

En octubre de 2012, 13 de los 15 magistrados de la Corte Suprema declararon que la enmienda era inconstitucional. La decisión judicial fue abiertamente criticada no solo por el parlamento, con Hernández a la cabeza, sino también por el presidente Lobo. Unos meses después cuatro magistrados fueron destituídos por el Parlamento en completa violación a la Constitución hondureña. Con cuatro nuevos magistrados electos por el Parlamento, la Corte Suprema dejó sin valor la decisión anterior que declaraba inconstitucional  las “ciudades modelos”.

El conflicto entre el Presidente y el Parlamento, por un lado,  y  la Corte Suprema, por el otro, muestra que la crisis institucional en que se sumergió Honduras, desde que el Parlamento con el apoyo de la Corte Suprema y los militares, ejecutaran el golpe de Estado, contra el depuesto presidente en el 2009,  todavía está en curso. El hecho de que el Partido Nacional, con el apoyo del Partido Liberal, ha tomado el control de todo el aparato estatal, en términos simples significa que ellos pueden  hacer lo que ellos quieren.

El Partido Nacional junto con el Liberal han gobernado este país por casi 120 años. El Partido Nacional tiene el control sobre todas las instituciones. Antes de las elecciones, el Parlamento creó una ”policía militar”  que oficialmente ha sido creada para combatir la criminalidad pero en realidad es un instrumento de represión, asegura Rafael Alegría, lider del movimiento campesino Vía Campesina y diputado del parlamento por el partido de izquierda Libre.

Juan Orlando Hérnandez fue electo presidente el 24 de noviembre, con el 34% por ciento de los votos contra 28% de votos para Xiomara Castro del Partido Libre.  Ambos Libre y el Partido Anti Corrupción PAC, denunciaron fraude en las elecciones. Sin embargo observadores internacionales aseguraron que las elecciones fueron transparentes.

Para el Partido Nacional, esta representó una victoria histórica. Por primera vez ganaron un segundo mandato de manera consecutiva. No obstante al mismo tiempo, su representación parlamentaria cayó al igual que la del Partido Liberal, al surgir dos nuevos partidos, tomando   en conjunto, 50 diputaciones de  los 128  curules. Con solo 48 mandatos ahora el Partido Nacional está obligado a buscar apoyo de los 27 diputados liberales. La oposición, liderada por la pareja que conforman  Manuel Zelaya Rosales y Xiomara Castro de Zelaya, ha prometido poner todos los obstáculos que puedan a los planes del nuevo gobierno.

Y es que fue precisamente Manuel Zelaya el presidente que fue derrocado en el 2009,  como representante del Partido Liberal pero en realidad depuesto por su rol como social-demócrata. Dos años después del golpe formó junto a campesinos y movimientos sindicales el nuevo partido Libre.

La elección de Xiomara Castro de Zelaya como candidata fue calificada como una lotería. Con su promesa de mantener su misma política, se podía predecir que ganaría pero como era de esperarse los defensores del status quo se opusieron. Los medios la llamaron “ la inculta ama de casa” “socialista” “títere de Zelaya”.  Las elecciones no solo fueron  verbalmente agresivas, también fueron sangrientas. 39 candidatos al parlamento y a alcaldías, en su mayoría del Partido Libre, fueron asesinados.

Como todas las elecciones que ha vivido el país desde el año 2000 los asuntos en materia de seguridad son el foco de las campañas políticas. El país es actualmente catalogado como el más violento del mundo con 85 muertes por cada 100,000 habitantes. En ese contexto, la promesa de  “mano dura”  gana votos.

En la práctica la elección se decidió cuando el gobierno en septiembre exhibió la fuerza de la policía militar tanto en Tegucigalpa como San Pedro Sula, las dos ciudades con más alto índice de violencia. Como una ídea  de Hernández,  la fuerza de la policía militar fue utilizada y documentada a través de los medios y expuesta de forma elevada a través de las campañas televisivas y discursos políticos ante el electorado.

La medicina es vieja. Con la excepción de un solo año, la fuerza militar ha sido desplegada en Honduras desde el 2002.  El argumento es que el cuerpo y la organización policial debe sufrir reformas y mientras ésta sucede, la fuerza militar debe tomar las riendas. Pero la reforma no llega nunca y la violencia solo aumenta.

La nueva policía militar de Hernández no se encuentra bajo el control de la secretaría de Justicia o Seguridad sino bajo la secretaría de Defensa. No considera ni coordina actividades  con la policía en las zonas en que ella opera.

No es una solución ideal pero vivimos en un estado de emergencia, y entonces tenemos el derecho a desplegar militares.  Los riesgos del abuso de los derechos humanos son grandes, pero hay áreas donde la policía no puede entrar, ahí el apoyo de la fuerza militar es la mejor solución, argumenta Marcela Castañeda, consejera jurídica de la Oficina del Presidente  y ex vice ministra de la Secretaría de Seguridad, responsable del área de Derechos Humanos.

Al parecer las medidas económicas de Hernández  serán tan duras como las medidas en materia de seguridad. Las “ciudades modelos” ya lo muestran. Precisamente antes de salir del Parlamento él mismo dejó allanado el camino hacia la privatización de las empresas estatales de telefonía y electricidad. También abrió el camino para la inversión minera  extranjera, misma que era imposible al ser cancelada por Zelaya en el 2007.

La mayoría habla de que las confrontaciones continuarán, no solo en el aparato estatal sino también en todo el país. La oposición va a luchar contra las políticas económicas. Las ”ciudades modelos” y las inversiones  mineras encontrarán resistencia entre las poblaciones indígenas y los más de 300, 000 campesinos sin tierra.

La gente no se va sentar a cruzar los brazos, dice Rafael Alegría. Será un tiempo dificil, el presidente tiene sus propios intereses en muchos de esos proyectos.  Veremos como la militarización y criminalización del movimiento social y el terror se consolidan, sentencia Bertha Cáceres.

Tradución: Verenice Castillo

Publicado en la Revista “OrdFront” no. 2 (Marzo), 2014, Estocolmo, Suecia.